por María
Mercedes Tenti
Análisis
teórico metodológico
El
16 de diciembre de 1993 en Santiago del Estero, grupos enardecidos de
manifestantes, en acción colectiva,
destruyeron e incendiaron las sedes de los tres poderes provinciales, la Casa
de gobierno, la sede de la legislatura y el palacio de tribunales, además de
doce viviendas de destacados políticos. Las imágenes de la ira popular
recorrieron el país y se expandieron por el mundo. La rebeldía santiagueña,
dormida durante años, había hecho eclosión en forma desmesurada en medio del
descontrol y el caos. El 17 de diciembre, mientras los incidentes se extendían
desde Santiago del Estero a La Banda (ciudad vecina a la capital, separada sólo
por el cauce del río Dulce), fue anunciada y efectivizada la intervención
federal a la provincia. Ese mismo día, tropas de gendarmería llegadas
al efecto reprimieron por la fuerza los conatos de rebelión y pusieron fin a
los desmanes.
Esta
sucinta narración nos sirve para ubicarnos en la temática que se quiere abordar
a partir de la búsqueda de relaciones causales que permitan separar los hilos
conductores que llevaron a desencadenar los sucesos. Para lograr este objetivo
se enfrenta el problema tratando de objetivar la memoria colectiva, recurriendo
a distintas técnicas metodológicas y buscando comparar diferentes fuentes
analizadas.
Este
hecho, que caló hondamente en las conciencias de los santiagueños, se quiere
tapar con un manto de olvido desde los ámbitos oficiales especialmente, porque
los políticos cuestionados entonces continúan hoy en funciones de gobierno,
además de persistir las formas y modos de hacer política, de larga data en la
provincia.
Se trató de estudiar la mayor cantidad de
fuentes posibles, tanto escritas (documentos oficiales, noticias periodísticas,
datos cuantitativos) como audiovisuales (videos, fotografías y grabaciones) y
orales (entrevistas) para, a través de su contrastación, arribar a conclusiones que respondan el
planteo propuesto.
Con
este trabajo, se busca la ¨historización¨
de la experiencia colectiva y su objetivación a través de un discurso
analítico. La ¨historia del presente¨ es abordada como una categoría histórica,
ya que se pretende interpretar los sucesos desde la óptica de los propios
sujetos que los vivieron. (Aróstegui). De esta forma al diluirse los límites
entre el sujeto y el objeto de investigación, se busca comprender
históricamente el presente.
Se
cree que lo acontecido el 16 de diciembre de 1993 responde a un
proceso complejo en el que incidieron en menor medida factores externos a la
provincia, que tienen que ver con la situación nacional y el proceso de reforma
del Estado, y, en mayor medida, a factores contextuales internos fruto de la
crisis estructural vigente y de la supervivencia de antiguas y remozadas formas
clientelares que condujeron al estallido de una pueblada en la que toda la
población se vio involucrada. Este trabajo, parte de otro mayor en preparación,
busca hacer un análisis explicativo de las causas que originaron la protesta
social, inédita en la historia argentina.
Para
clarificar el objeto de estudio, se definen algunas categorías analíticas desde
cuya perspectiva es abordado. Se concibe a la situación provincial como inmersa
dentro de una crisis estructural (y no mera situación coyuntural para el caso),
que tiene que ver con un proceso de mayor duración, durante el cual se fueron
erosionando los distintos elementos constitutivos de la estructura económico –
social y produjeron, como consecuencia, una profunda inestabilidad que, a pesar
de alcanzar su pico máximo de expresión en la pueblada, reafirmó,
paradójicamente, las relaciones estado – sociedad propias de la matriz política
santiagueña, de fuerte sustento clientelar.
Se
entiende el clientelismo político como ¨el
intercambio personalizado de favores, bienes y servicios por apoyo político y
votos entre masas y élites¨ (Auyero, 1.998, Pág. 55). El intercambio es
recíproco, aunque las relaciones entre ¨patrón¨ y ¨cliente¨ son asimétricas
(Farinetti, 1.998, Pág.86) e informales. Según el análisis de Farinetti, en las
relaciones clientelares cobran protagonismo los individuos más que los grupos
organizados. Si bien el clientelismo es una forma de dominación política, no se
contradice en los hechos con manifestaciones de protesta social como la
ocurrida el 16 de diciembre. Esta postura se contrapone a las concepciones
tradicionales de clientelismo que sostienen que el mismo contrarresta toda
posibilidad de acción colectiva.
Con
relación a los sucesos objeto de análisis, fueron denominados como ¨estallido
social¨ (prensa) o el santiagueñazo (Dargolt, 1.992), seguramente en
comparación con el cordobazo[1]. Se
cree que la palabra ¨ pueblada ¨puede definir mejor los acontecimientos. Zurita
toma de Octavio Paz (Corriente Alterna, México, 1.969) los conceptos de
revuelta, rebelión y revolución. Revuelta
posee cierta cuota de espontaneidad y de mayor participación popular y en este
caso se podría equiparar con pueblada.
Rebelión recuerda a grupos
minoritarios y de origen castrense, mientras que revolución se refiere a la voluntad manifiesta, con intervención de
la razón, de revertir el orden preestablecido. Según estas categorías, para
Zurita los sucesos santiagueños serían una revuelta (Zurita, 1.982). Para el
caso, se prefiere el término ¨pueblada¨, teniendo
en cuenta que participó prácticamente todo el pueblo, no solamente quienes
accionaron directamente, sino todos aquellos que se involucraron indirectamente
como observadores participantes.
Primera aproximación
Indudablemente
la gestación de la pueblada santiagueña se trata de un proceso complejo en el
que incidieron distintos factores, enmarcados tanto en el ámbito nacional como
el provincial, aunque sin dudas fueron los factores endógenos los que
precipitaron los acontecimientos. Una vez asumida la presidencia, Carlos Menem
comenzó a dar un amplio giro a la política seguida por el justicialismo durante
la gestión de Raúl Alfonsín en lo referente al plan de privatizaciones,
poniendo en el tapete su proyecto de ley de reforma del Estado, que fue
sancionada en agosto de 1989.
En 1990, en Santiago del Estero la
legislatura comenzó a tratar la reforma provincial con la oposición del
radicalismo y un sector del justicialismo. El 25 de abril la cámara de
diputados de la provincia, a instancias del gobernador César Eusebio Iturre,
presionado a su vez por el gobierno nacional,
sancionó la denominada Ley de emergencia económica y administrativa N*
5.808, que establecía la suspensión de subsidios y subvenciones, el régimen de
compensación de deudas de particulares con el Estado provincial, régimen de
compensación de créditos y deudas del sector público, ambos con la cancelación
de sus saldos netos, uso del crédito público y plazos especiales de pago.
Fijaba
como ámbito de aplicación a los organismos del poder ejecutivo, aunque
aplicable también a los poderes legislativo y judicial. Contemplaba la descentralización y reforma de
niveles centrales y privatización y/o concesiones totales o parciales de
organismos públicos determinados por el ejecutivo. La última parte se refería
al régimen laboral del personal del Estado, a la contratación de trabajos públicos, plan de emergencia del empleo y a la venta de
inmuebles innecesarios, entre otras disposiciones.
A
un año de sancionada la ley y de los anuncios del gobernador de privatización
de la Dirección provincial de obras sanitarias (DIPOS), del matadero y
frigorífico “17 de octubre”, casino de Las Termas, hipódromo “12 de octubre”,
terminal de ómnibus y Boletín Oficial, entre los organismos más importantes,
las cosas seguían como antes. Si bien la ley había sido recibida con algunas
voces de apoyo, los análisis hechos por entonces concluían en que todo respondía a una aspiración política del
gobierno provincial de congraciarse con el gobierno nacional más que a la
vocación de realizar un cambio real.
Mientras
tanto los salarios estatales y privados empezaron a recuperar, en alguna
medida, su poder adquisitivo frente a los alimentos, como consecuencia de los
aumentos salariales y la estabilidad de los precios, aunque continuaba el
disconformismo en algunos gremios como docentes, ATSA (Asociación de trabajadores de la sanidad argentina) y
ATE (Asociación de trabajadores del Estado). Al tiempo que continuaba la
interna en el peronismo local, las provincias firmaban el llamado Pacto Federal
y se producían tarifazos en los servicios nacionales privatizados, que
afectaban las economías de las familias
y de las pequeñas y medianas empresas. En 1.990 fue privatizada la
empresa nacional de teléfonos, ENTEL, correspondiendo a Santiago del Estero la
firma TELECOM que absorbió la Compañía Argentina de Teléfonos (CAT), empresa
privada que prestaba servicios deficitarios en la provincia.
Paralelamente
se conocían los resultados de una investigación del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC), que indicaban que, para 1.988, más del 53,5 % de
los hogares de Santiago del Estero y La Banda eran pobres (con más de 150.000
personas). De esos 28.873 hogares, el 60 % era clasificado como pobre porque no
alcanzaba a cubrir con su ingreso una canasta mínima de consumo y el 40 %
restante manifestaba signos de pobreza estructural. La producción agropecuaria
(principal en la provincia con mínima producción industrial) se desarrollaba en
forma despareja: altos rindes en pocas zonas, aunque encarecidos por los
elevados fletes y el mal estado de los caminos;
malestar entre los pequeños y medianos productores por los precios
elevados de sus producciones que no podían competir con las importadas y las de
la región pampeana; éxodo de los pobladores de áreas rurales por falta de
fuentes trabajo y condiciones dignas de vida.
En
1.991 ya se advertían signos de malestar ante situaciones irregulares generadas
desde el gobierno provincial por elevados aumentos a funcionarios de los tres
poderes, a quienes se priorizaba en el pago de los haberes. La corrupción y los
bajos salarios comenzaron a preocupar a los santiagueños, ante el fuerte
incremento de los productos de la canasta familiar y de los precios de los
alquileres, uno de los más altos del país. La refacción de viviendas era la
única actividad, aunque mínima, que mantenía el andamiaje económico de las
empresas constructoras y de los obreros de la construcción.
El
plan económico nacional se aplicaba con un costo social muy elevado. Frente a la “modernización” del país, los
hacheros santiagueños de los departamentos Copo y Alberdi, continuaban
trabajando en condiciones muy precarias aspirando sólo a obtener un plato de
comida por día. Realizaban su labor sin mejoras y prácticamente habían perdido
todas sus conquistas sociales debido a
la falta de relación de dependencia con los acopiadores y el retraso en la firma
de convenios colectivos de trabajo. Todavía trabajaban (y lo siguen haciendo)
como en las primeras épocas de la explotación forestal y, a pesar de la
legislación vigente, les efectuaban los pagos en especie. Los sectores
productivos forestales y agropecuarios, también atravesaban por una grave
situación.
Elecciones y agravamiento de la
crisis
A
partir de la definición de la fórmula
iturrista, compuesta por el Ing. Carlos Aldo Mujica y el diputado Fernando
Lobo, y la nominación de César Iturre como primer candidato a diputado
nacional, durante la campaña electoral “llovieron” por doquier designaciones,
subsidios, y concesión de jubilaciones de “privilegio”. En la realización de
actos pre electorales se gastaba sin límites, a pesar de la pobreza reinante.
Los empleados públicos treparon de 28.000 a cerca de 40.000[2]. Pese
a algunos aumentos salariales, los docentes continuaban con jornadas de
protesta bajo el lema “por la dignidad
docente, dignidad salarial y por un mayor presupuesto educativo”.
En
setiembre de 1991, diez partidos políticos decidieron constituir el frente
electoral de la Corriente Renovadora en apoyo a la candidatura de Mujica para
las próximas elecciones, mientras Carlos Menem pedía que se agilizasen las
gestiones de unidad del peronismo. Ante la imposibilidad de conciliación con el
juarismo[3], el
iturrismo comenzó a impulsar la ley de lemas. Si bien los partidarios de Carlos
Juárez en un principio se mostraron reticentes a aprobarla, poco a poco fueron
concibiéndola como la única alternativa posible de enfrentar a la oposición
radical liderada por el intendente de la Capital, José Luis Zavalía, hijo del
ex gobernador Benjamín Zavalía (1.963 – 1.966), que con sus discursos
desafiantes y provocativos se presentaba como un oponente de peso.
Frente
a rumores de intervención federal, se agilizaron las negociaciones para la
sanción de la nueva ley electoral que fue aprobada por la cámara de diputados
el 2 de setiembre de 1991. Por ella se
consideraba “lema” a los partidos, frentes electorales y alianzas, y “sublema”
a las agrupaciones y corrientes internas de un mismo lema. Por este sistema, la
elección de los candidatos a gobernador y vicegobernador e intendentes
municipales se iba a efectuar en forma directa, sin colegios electorales, a
simple pluralidad de sufragios. El sublema que obtuviese mayor cantidad de
votos se adjudicaría el total de los emitidos en favor de un mismo lema. Las
bancas de diputados y concejales se distribuirían entre los distintos sublemas
que integrasen cada lema: dos tercios para el sublema mayoritario y el resto
entre los minoritarios de acuerdo con el sistema de representación proporcional
D’Hont, siempre que obtuviesen por lo menos el 25 % de los votos del lema. En
caso de no superar este coeficiente, sus votos iban a ser adjudicados al
sublema ganador del lema que integrasen.
Los
concejales bandeños adhirieron de inmediato a la Ley de Lemas y poco después lo
hicieron los concejos deliberantes de Frías y Las Termas de Río Hondo. Las
localidades de Beltrán y Tintina fueron elevadas a la categoría de municipios
de tercera y también se plegaron a la nueva ley electoral. Todo esto dio lugar
a la proliferación de sublemas de los distintos partidos, en especial del
peronista, siempre dividido.
En
medio de la agitada agenda electoral se confirmó la transferencia de escuelas
nacionales secundarias a la provincia, resistido por los gremios docentes,
aunque casi inadvertido para la población, ¨distraída¨ por el cierre de
campañas de los distintos partidos y lemas, enlutado por la muerte del cantante
folclórico Jacinto Piedra en un accidente automovilístico luego de un acto
radical. Los radicales se presentaron bajo la sigla UCR - MOP (Movimiento de
Opinión Provincial) y apoyaban la dupla Zavalía - Abdala, mientras que el lema
“Frente Justicialista” adhería a tres
fórmulas: Juárez - Bagli, Mujica - Lobo y Otrera - Zaiek, este último candidato
de Menem, más tarde secretario de obras públicas de la nación.
El
27 de octubre se realizaron las elecciones con una proliferación nunca vista de
postulantes. Cuando se perfilaba Mujica como gobernador en el escrutinio
provisorio, sus principales oponentes, Juárez y Zavalía, presentaron denuncias
por fraude que condujeron a que el juez electoral tomara la resolución de
controlar “voto por voto y urna por
urna”. El escrutinio provisorio daba
a José Zavalía el 42.0% de los votos, a Mujica el 28.6%, a Juárez el 25.2%, el
2.6% a Otrera y el 1.6% restante comprendía a los demás candidatos.
Los
seguidores de los principales caudillos (Juárez y Zavalía), realizaban
constantes manifestaciones frente al juzgado con cánticos contrarios a la
fórmula electa como consecuencia de la aplicación de la ley de lemas,
reclamando que se investigase el proceso electoral viciado de fraude. Carlos
Juárez y José Zavalía se unieron en actos conjuntos para reclamar la suspensión
del escrutinio, que se dilató hasta el mes siguiente. Finalmente el 13 de
noviembre la junta electoral nacional declaró la validez de las elecciones y
del escrutinio, hecho que originó una serie de incidentes en la plaza Libertad
- en el centro de la ciudad - convertida en verdadero “campo de batalla”, que terminaron en disturbios, heridos y
detenciones.
Ante
una gran multitud reunida el día 15, Zavalía convocó a la “resistencia civil” y
el 2 de noviembre se autoproclamaba “gobernador moral” de Santiago del Estero,
mientras convocaba a una serie de manifestaciones en contra del fraude. Por su
parte Juárez advertía sobre la posibilidad de la intervención federal, aunque
finalmente, a quien se intervino fue al partido Justicialista local. La noche
del 10 de diciembre de 1.991, en el recinto de la Cámara de Diputados, y luego
de que prestaran juramento los nuevos legisladores, la mayoría renovadora,
¨entre gallos y media noche¨, mocionó y consiguió que se “invitara” para jurar
como gobernador de la provincia a Carlos Aldo Mujica, quien se convirtió
anticipadamente en el nuevo gobernador.
A las cero hora del 11 de diciembre en la casa de gobierno, César Iturre
le transfirió el mando, entregándole los atributos del cargo. De hecho quedaba consolidado
el fraude.
Ese
mismo día, ante un multitudinario público que se congregó en Av. Núñez de
Prado, en la costanera frente al monumento de Francisco de Aguirre, fundador de
la ciudad, José Zavalía se autoproclamó “gobernador
de la Constitución” y recibió dos “bastones de mando” y una “banda
simbólica” entregados por un ¨representante del pueblo¨ y por los intendentes
radicales electos, Mario Bonacina (cuñado de Zavalía, actual diputado nacional)
de la Capital y Héctor Ruiz (actual diputado provincial) de La Banda[4]. El
acto culminó con serios incidentes entre grupos que habían participado del acto
de autoproclamación y efectivos de la policía de la provincia.
El gobierno inconcluso de Carlos
Aldo Mujica
A
partir de 1992 comenzaron a efectivizarse privatizaciones propuestas por el
gobierno nacional, muchas de ellas precedidas por aumentos de tarifas, como
Agua y Energía, ferrocarriles, teléfonos, rutas nacionales, sistemas de riego,
etc. La municipalidad de la Capital ya se había adherido a la política
privatizadora desde el año anterior con la concesión del estacionamiento en el
centro, para luego continuar con el servicio de higiene en toda la ciudad. En
Las Termas de Río Hondo, se había adjudicado el camping municipal. A nivel
provincial, había transcurrido un año del anuncio frustrado de la reforma del
Estado y ésta aún no se había llevado a cabo. Si bien Mujica proclamó en abril
un nuevo plan de reforma estatal que incluía privatizaciones, racionalización
de personal y eliminación de gastos y estructuras burocráticas, las cosas
seguían igual.
El
ex intendente y ex candidato a gobernador José Zavalía[5], sin
resignarse a lo que consideraba una “usurpación” a la voluntad popular, volvió
a llamar a la lucha, protagonizando su primera marcha “por la dignidad provincial”. A partir de entonces se sucedieron
una serie de marchas encabezadas por el propio Zavalía, montado a caballo al
igual que otros dirigentes, y de las que participaba una multitudinaria
concurrencia de hombres, mujeres y niños, que espontáneamente marchaban en
reclamo de elecciones limpias y transparentes. Si bien las imágenes difundidas
por los medios nacionales provocaban ¨escozor¨
en algunos sectores que creían ver el renacimiento de formas caudillísticas
propias del siglo XIX, eran en realidad nuevas formas de expresión de la
ciudadanía santiagueña, mezcladas con antiguas formas de hacer política nunca
desterradas de la provincia y relacionadas con formas clientelares de gobierno.
En
febrero de 1.992, el ministro de cultura y educación de la nación, Antonio
Salonia, aceptó la transferencia gradual de escuelas nacionales propuesta por
la provincia. En protesta por la situación salarial, sumado a la nueva noticia
del traspaso, los colegios secundarios de nivel público y privado comenzaron una
serie de huelgas con masivo acatamiento, agravadas con la resolución de no
iniciar el ciclo lectivo. Comenzadas las clases con retraso, los docentes
continuaron con las protestas en reclamo de mejoras salariales y los
normalistas en contra de la transferencia de servicios a la provincia sin ley
que garantizase la atención presupuestaria. En
junio la nación ratificó el traspaso de las escuelas y el gobierno
provincial declaró ilegal el paro docente, sin conseguir, a pesar de ello, la
suspensión de las medidas de fuerza. Las huelgas se agudizaron en 1.993, con
las clases paralizadas sin poder iniciar el año escolar.
El
descontento popular era generalizado, aumentado por la suspensión de ramales
ferroviarios[6],
los sueldos elevados de los funcionarios frente a los bajos salarios de los
empleados, el reparto de cargos entre parientes y amigos del “poder”, la virtual quiebra de los hospitales
públicos denunciada por médicos y personal de enfermería y la proliferación de asesores
del Poder Ejecutivo, que llegó a contar
con más de cincuenta entre los tres ministerios y la secretaría general, con
remuneraciones que oscilaban entre $1.000 y $5.000 mensuales, algunos de los cuales no ejercían ninguna
función.
A
principios de abril de 1993, el nuevo equipo económico encabezado por Aizar
Antonio Assefh (hombre de Cavallo) confirmó su renuncia ante la imposibilidad
de concretar la reforma del Estado, mientras se declaraba la emergencia
educativa por la continuación de las huelgas docentes. El grado de desnutrición
en el nivel preescolar, de acuerdo con una investigación realizada por la
Dirección de promoción y asistencia a la comunidad de la municipalidad de
Santiago del Estero, era alto. El promedio de pequeños que asistían a los
comedores, con bajos niveles de nutrición, superaba el 17%. También se
observaba alto índice de parasitosis
A
pesar de la grave crisis institucional y socio económica, la legislatura
sancionó el 12 de abril una ley que incorporaba un plus de privilegio de $
2.100 a todos los funcionarios. Los paros docentes continuaban por lo que en
acuerdo de ministros se decretó la emergencia educativa. Los colegios
profesionales denunciaban irregularidades y el colegio de abogados acusaba de
falta de independencia al poder judicial. El 18 de abril se iniciaron las
clases sólo en el nivel medio por cuanto AESyA (Asociación de educadores
santiagueños y afines) que conducía a los docentes primarios, continuó con las
medidas de fuerza hasta finales de mes. La ausencia reiterada del gobernador
Carlos Mujica era notoria ya que había asistido a la casa de gobierno sólo 10
días entre los meses de febrero y abril, por sus continuos viajes a Buenos
Aires.
El
21 de abril se organizó una multitudinaria marcha de los gremios docentes con
el apoyo de la CTERA y del radicalismo. Participaron de ella María Sánchez y José Luis Zavalía en representación de
ambas entidades. Los colegios de profesionales de la salud cortaron los
servicios al IOSEP (Obra social del empleado provincial) por falta de pago,
hecho agravado por las condiciones deplorables en que se encontraban los hospitales públicos. Los comedores
infantiles no funcionaban, a pesar de que la nación enviaba los fondos correspondientes.
Ante
la situación caótica de la provincia, Carlos Juárez fue convocado por el ministro
del interior Gustavo Béliz para lograr un arreglo con el gobierno provincial y
en pos de la unión del peronismo, aunque con la exclusión de César Iturre. Los
primeros días de mayo se selló el compromiso de unidad entre Mujica y Juárez.
El gobernador iba a designar al ministro de economía y Juárez debía remitir las ternas para que
Mujica eligiese a los nuevos ministros de gobierno y acción social. El cambio
de funcionarios fue total.
Consolidada
la alianza el peronismo se preparaba para los próximos comicios de diputados
provinciales y concejales. El triunfo del partido gobernante fue categórico,
gracias al derroche de subsidios, de distribución de aportes especiales a las
intendencias y comisionados municipales, y a aumentos impagables de sueldos otorgados
a la masa salarial. Como consecuencia, el déficit comenzó a trepar de 10 a 20
millones de pesos mensuales. Los salarios no se pagaban, aumentaba la
efervescencia social, no se rendían cuentas a Buenos Aires, los fondos “desaparecían”.
Ante
la amenaza de juicio político, el 27 de
octubre de 1.993 Carlos Mujica renunció a la gobernación a menos de dos años de
haber asumido un gobierno que a los tres meses escasos ya estaba en plena
crisis. En el últimos tiempo se había incrementado la destrucción y el
endeudamiento del Estado, las sospechas de
corrupción, el cese de pagos que
ponía a la provincia en una situación de quiebra virtual, más una deuda
exigible de 160 millones de pesos. El poder judicial se encontraba
desprestigiado al igual que el legislativo, mientras los dos partidos
mayoritarios, el peronismo y el radicalismo, se encontraban inmersos en luchas
internas.
Los
primeros atisbos de que el conflicto social se agravaba, comenzaron con una
acometida violenta de la ira popular contra la casa de gobierno en septiembre y
la huida de Mujica por la puerta trasera. Poco antes había viajado a Estados
Unidos llevando en concepto de viáticos personales $50.000. A pesar de todo, el
gobierno nacional descartó la intervención federal. Zavalía, luego de 27 marchas,
prometió colaborar tras la promesa presidencial del envío de fondos.
Paralelamente, Menem y Alfonsín discutían sobre la pretendida reforma
constitucional que terminó en el “pacto de Olivos”, con el estallido social
santiagueño como telón de fondo. El vicegobernador Fernando Martín Lobo recibió
los atributos del mando en la casa de gobierno de manos del presidente de la
legislatura el mismo 27 de octubre. Carlos Mujica, en el domicilio particular
del subsecretario de bienestar social le había entregado a Lobo su renuncia sin
dar explicaciones al pueblo que lo había elegido.
La pueblada santiagueña
Cuando el Dr. Fernando Lobo asumió la
gobernación con el propósito de ¨salvar a la provincia del naufragio¨,
no sospechaba que los acontecimientos se sucederían tan precipitadamente ni que
su gobierno solo duraría 50 días. La economía estaba paraliza y los reclamos
sociales aumentaban día a día, agravados por la quiebra del sector privado y
una interminable cadena de morosidad como consecuencia de los salarios
adeudados. Los primeros días de noviembre decidió adoptar un paquete de medidas
para revertir la situación y se anunció desde el gobierno nacional la
reorganización del Consejo General de Educación con la intervención al
organismo, reducción de los sueldos de las autoridades de los tres poderes,
eliminación del doble empleo previo reempadronamiento de los empleados
públicos, rebaja de la masa salarial a marzo de 1993.
Mientras
tanto, la ola de protestas de los distintos sectores continuaba, con la inclusión de los jubilados que
marchaban diariamente a la casa de gobierno pidiendo el cumplimiento de los
cronogramas y los pagos de las deudas atrasadas. Los empleados de la Dirección
provincial de obras sanitarias (DIPOS) denunciaron que el organismo no podía
garantizar la prestación del servicio por falta de recursos para el
mantenimiento del sistema. La única solución posible parecía ser la aprobación
de una ley “ómnibus”, de ajuste general de la economía, propuesta por el equipo
de Cavallo, que era resistida por todos los sectores afectados. Ante su
inminente sanción, las asociaciones sindicales nucleadas desde el año anterior
en el ¨Frente de gremios en lucha¨, decidieron
en forma conjunta, rechazar el proyecto de ley.
Mientras
la cámara de diputados discutía la polémica ley, se movilizaron frente al edificio de sesiones los
trabajadores del frente gremial que
habían declarado un paro general contra el ajuste. El día 11 los legisladores
aprobaron la ley de emergencia en medio de incidentes entre efectivos
policiales y manifestantes en las afueras de la legislatura. La Ley 5.986,
sancionada el 13 de noviembre adhería la provincia a las leyes y decretos
nacionales de reforma del Estado y establecía entre sus principales
disposiciones el cese de todo el personal temporario ingresado después del 31
de diciembre de 1.990, la creación del programa de Empleo Mínimo para la
Reconversión Laboral y el pago de un mínimo de $200 como subsidio. Se dejaban
sin efecto adscripciones y comisiones de servicio, se retrotraían los haberes
al 28 de febrero de 1.990 y las
jubilaciones y pensiones incrementadas a partir del 1 de marzo de 1.993, y se
facultaba al poder ejecutivo para dictar la normativa de una nueva política
salarial priorizando salud y educación. En el ámbito educacional declaraba la
emergencia educativa con la prohibición de incorporar personal contratado,
aplicaba la racionalización y jubilación de los agentes, e intervenía el
Consejo General de Educación por un lapso de 180 días.
El
artículo 83 declaraba sujeto a privatizaciones los siguientes entes
provinciales: Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DIPOS), casinos
provinciales, matadero frigorífico “17 de octubre”, Banco de la provincia de
Santiago del Estero (sujeto a privatización parcial priorizando la
participación del personal), Dirección de Aviación Civil, Administración
provincial de Recursos Hídricos, Boletín Oficial, Instituto Provincial de
Seguros, Terminal de ómnibus y Caja Popular de Ahorro (con las mismas
condiciones que el banco).
Como
respuesta la CGT y otros gremios convocaron al paro general. Ese mismo día hubo
duros enfrentamientos en pleno centro comercial que dejó como saldo diversos
contusos y heridos. El obispo Manuel Guirao, desde Buenos Aires, apoyó la ley ómnibus y criticó a los
funcionarios corruptos. Los reclamos se extendieron por toda la provincia. En
Santiago del Estero, La Banda, Añatuya, Monte Quemado, Las Termas, Loreto,
trabajadores y jubilados salían a las calles en protesta por la sanción de la
ley y en reclamo por el pago de los haberes adeudados. La provincia se
encontraba en cesación de pagos y se había producido una importante caída en
los niveles de recaudación tributaria. El 15 de noviembre comenzaron a pagarse
parte de los haberes atrasados, pero con ello no logró frenarse los movimientos
de protestas apoyados por todos los sectores de la población, incluidos curas y
monjas que salían a la calle con el pueblo. Los médicos del hospital de niños
denunciaron un alarmante deterioro en la salud de la población infantil,
con un aumento inquietante de la
desnutrición y la mortalidad a causa de la falta de una política sanitaria.
De
inmediato se inició la aplicación de la ley con la intervención al Consejo
General de Educación (CGE) y la cesantía de los empleados públicos contratados,
mientras continuaban cortados los servicios del IOSEP por huelga de los
empleados ante la falta de pago de sueldos. Arreciaban las denuncias de la
existencia de “ñoquis” (es decir de empleados que cobraban sin trabajar) en
distintas áreas de la administración pública, de aumentos de sueldos a un
reducido grupo de funcionarios de los tres poderes que percibían cifras
elevadas frente a la quebrada economía provincial, de contratistas enriquecidos mediante un
sistema clientelar perverso, rutas en mal estado que encarecían la producción,
cierre de los comedores infantiles a pesar de que la provincia recibía fondos
de la nación de $500.000 mensuales para
su funcionamiento, y el abandono del hospital de niños que carecía hasta de
oxígeno.
Durante
fines de noviembre y la primera quincena de diciembre los paros, reclamos y
movilizaciones no cesaban. La intervención del CGE había detectado serias
irregularidades y no podía establecer el número de docentes que se afirmaba
eran más de 23.000 sobre 12.000 cargos presupuestados; uno por cada seis
alumnos. Los comercios cerraban sus puertas en apoyo a los trabajadores y
jubilados ya que pasaban el peor momento
en muchos años, con la baja de hasta el 90% de las ventas. Se esperaba la ayuda
nacional como única alternativa de salvación. El IOSEP había dejado de prestar
servicios a raíz de una deuda estimada en $3.500.000 que mantenía el gobierno
con los prestadores de salud. La educación, en estado calamitoso, había
provocado que un medio periodístico porteño calificara a Santiago del Estero
como la “capital de burrolandia”,
porque sólo se había dictado un 60 % de las clases previstas para el año.
Los
primeros días de diciembre se resolvió realizar
apagones y paro general de los comerciantes locales, que marcharon junto
a los empleados públicos mientras el Banco Provincia cerraba sus puertas. Los
ánimos se caldeaban día a día y el 6 de diciembre comenzaron los primeros
incidentes con jubilados agolpados frente al banco en reclamo del pago de sus
haberes. La indignación aumentó cuando se supo que la población santiagueña
bebía “agua cruda” porque el Estado provincial no había pagado una deuda de $18.000 a los proveedores
de cloro. En las estadísticas nacionales Santiago del Estero figuraba como la
“capital del paro”.
El
personal del Banco Provincia levantó la huelga pero sólo para pagar a los
jubilados, mientras se advertía un alarmante aumento de niños desnutridos en el
hospital Eva Perón y se detectaban doce barrios de alto riesgo socio económico
en la Capital. Los docentes tomaban las escuelas pacíficamente, los jueces
acumulaban causas sin resolver y se hablaba de actos de corrupción en donde
estaban incriminados varios ex funcionarios, entre ellos el propio ex
gobernador Iturre, y el diputado nacional Crámaro, su cuñado.
El
10 de diciembre juraron los nuevos diputados al tiempo que los estatales
reiniciaban los paros comandados por la Asociación Trabajadores del Estado
(ATE), los docentes, los trabajadores de la salud nucleados en ATSA y los
profesionales médicos. La paralización
económica por falta de fondos y medios, era total. El gobernador Lobo
gestionaba infructuosamente ante las autoridades nacionales el envío urgente de
fondos. El 15 de diciembre asumieron nuevos ministros en un último intento de
revertir lo irreversible. La CGT declaró alerta y movilización en medio del
descontento general ante la falta de pago de los salarios. La casa de gobierno
era el punto de encuentro de empleados públicos, docentes, municipales,
judiciales, jubilados, médicos y enfermeros. El 15 el desconcierto era
generalizado y las protestas sociales se multiplicaban por distintos lugares de
la provincia.
El
16 y 17 de diciembre el caos fue total. El pueblo oprimido por un sistema
clientelar y corrupto, con tres meses de sueldos públicos adeudados, con
hambre, bronca e impotencia, salió a
protestar desbordando las conducciones gremiales. Al grito de “el pueblo unido jamás será vencido” se
fueron desencadenando los sucesos que culminaron con el incendio y destrucción
de la Casa de gobierno, del palacio de tribunales y de la sede de la
legislatura, ante la mirada indiferente de las fuerzas policiales que se
retiraron. Grupos enardecidos dejaron en cenizas las viviendas de los
principales dirigentes peronistas incluidas las de Juárez, Mujica, Iturre y
Crámaro. La casa de Zavalía también fue blanco de la ira de los exaltados, pero
el caudillo radical, atrincherado con un grupo de seguidores, se defendió a
balazos. Las imágenes de la ira popular recorrieron el país y se expandieron
por el exterior. La rebeldía santiagueña, dormida durante siglos, había hecho
eclosión en forma desmesurada en medio del descontrol y el caos. El 17 de
diciembre de 1993 fue anunciada la intervención a la provincia. La Cámara de Diputados de la nación designó interventor al ex secretario de industria y
comercio Juan Schiaretti. Ese mismo día llegaron tropas de gendarmería que
reprimieron por la fuerza los conatos de rebelión y pusieron fin a los desmanes.
No
sólo quedaron los restos humeantes de los edificios quemados como mudos
testigos de la ira popular, sino también numerosos heridos y detenidos. El 18
de diciembre de 1993 asumió Schiaretti, puesto en funciones por el ministro
del interior Carlos Ruckauf (luego gobernador de la provincia de Buenos Aires)
en un acto realizado frente a la destruida
casa de gobierno, en medio de silbidos de la gente congregada en la
plaza San Martín y de gran despliegue de gendarmes. El ex gobernador Fernando
Lobo fue abucheado y tuvo que retirarse con fuerte custodia. El interventor
responsabilizó del estallido social a las “administraciones
anteriores sumidas en una crisis moral
y ética” y prometió investigar la corrupción. Sus principales anuncios
fueron: pago de $500 a todo el personal estatal en actividad, a cuenta de la deuda
salarial total, pago de $300 a todos los jubilados a cuenta de la deuda, y
sueldos máximos de $3.500 incluidos los de los jueces. Dos días después
asumieron los nuevos miembros del Superior Tribunal de Justicia y comenzó el
pago de los adelantos con largas colas vigiladas por tropas de gendarmería. La intervención federal, integrada
mayormente por hombres del equipo del ministro de economía Domingo Cavallo, con
una importante inyección de dinero, puso en marcha el andamiaje para llevar
efectivamente a cabo la reforma del Estado a través de la cuestionada “ley
ómnibus”, a la vez que apoyar la reforma constitucional impulsada por
Menem.
Conclusión
en busca de una explicación causal
La pregunta sobre cuáles fueron las
causas de la pueblada santiagueña encuentra generalmente distintas respuestas
según de dónde provengan. Para antiguos funcionarios entrevistados, respondió a
la acción directa de agitadores profesionales con ¨tonada cordobesa y
tucumana¨, que respondían a César Aráoz (primer candidato con aspiraciones a
interventor) y a Ramón (Palito) Ortega (entonces gobernador de Tucumán).
Para la prensa local, grupos
de ¨enardecidos manifestantes¨( El Liberal y Nuevo Diario) atacaron a pedradas
la casa de gobierno y los hechos se desencadenaron cuando fue herido en la
cabeza el jefe de policía. A partir de allí fue el caos. La situación no pudo
dominarse, agravada por el retiro de las fuerzas policiales que no contaban con
elementos antimotines. Para una de las principales dirigentes de ATE, el pueblo
superó a los dirigentes. Y fue así, hombre y mujeres hartos de la corrupción,
con hambre por los sueldos atrasados, con bronca por la aplicación de la ley
ómnibus que dejaba a muchos trabajadores en la calle, por el ajuste, por la
falta de respuestas, por el desgobierno en general, para recuperar su dignidad,
reaccionaron en una explosión sin precedentes.
La dimensión analítica
planteada en un principio debe ser, sin lugar a dudas, más abarcativa y
compleja. Las investigaciones realizadas, los videos registrados en el
transcurso de los acontecimientos, más los relatos de la gente común que vivió
y actuó en los sucesos, nos permiten ampliar el panorama. A los cientos de
manifestantes que intervinieron directamente incendiando y saqueando los
edificios de los tres poderes del Estado provincial y las doce viviendas de
políticos peronistas, debemos agregar a todo el pueblo santiagueño que
participaba de los sucesos de distintas maneras: mirando asombrados por
televisión; escuchando trasmisiones de radios de frecuencia modulada que
narraban los principales sucesos a la manera de un partido de fútbol anunciando
hacia dónde se dirigían los manifestantes; desde las veredas de sus casas,
viendo pasar a hombres, mujeres y niños que marchaban incesantemente hacia y
desde los distintos lugares donde se desarrollaban las acciones; en el mismo escenario de los sucesos
comentando, alentando a los manifestantes, riéndose de las situaciones
tragicómicas que se suscitaban;
llevándose ¨souvenirs¨
recordatorios de la jornada: desde ventiladores, muebles lujosos,
computadoras, equipos de aire acondicionados, sacones de piel, hasta plantas,
portarretratos, adornos, bebidas, elementos de limpieza...
No faltaron los cuadros
pintorescos: un grupo de ¨changuitos¨ santiagueños aprovechó la ocasión para
darse un chapuzón en la pileta de natación de la casa de Iturre ante la
algarabía de los mayores; un hombre transportaba una mesa sobre una bicicleta.
También los hubo simbólicos: la imagen de aquel empleado público sentado en el
sillón del gobernador en el balcón de la casa de gobierno, o las bancas de los
diputados arrojadas desde el balcón de la legislatura mientras se nombraba a
viva voz a quienes las habían ocupado horas antes. No sólo se dio la
apropiación de los espacios públicos, se dio también la apropiación de los
símbolos del poder.
Nada quedó en el interior de
los edificios destruidos, sólo cenizas humeantes. En los días sucesivos los
lugares ¨purificados¨ por el fuego (como el mito de la Salamanca), eran
continuamente visitados por un público heterogéneo que, en una especie de ¨city
tour¨ recorría la ciudad de un extremo a otro comentando los sucesos.
El objetivo era claro:
destruir los símbolos del poder y la corrupción. Todo lo demás fue respetado:
el teatro y el museo de ciencias antropológicas que se encuentran debajo de la
legislatura fueron preservados por los manifestantes; las propiedades vecinas a
las de los políticos también; no hubo saqueos a supermercados, ni almacenes, ni
tiendas, sólo fueron ¨expropiados¨ depósitos de mercaderías mandadas por el
ministerio de Bienestar Social para ayudar a los necesitados, que se encontraban en los domicilios
incendiados de algunos ex funcionarios.
No participó una ¨turba
enardecida¨ como expresaban los medios: las columnas de manifestantes estaban
integradas por empleados administrativos, judiciales, municipales, docentes,
enfermeros, profesionales, intelectuales, curas y monjas católicos, además de
todo el pueblo santiagueño que directa o indirectamente participaba de los
sucesos.
¿Cómo explicar a siete años
de los sucesos que los principales políticos cuestionados entonces están hoy
nuevamente en el gobierno? Quizás tenga que ver con la matriz política
santiagueña, con las tradicionales estructuras de gobierno clientelar
imperantes en la provincia, con formas aún vigentes - sutiles y no tan sutiles
- de represión de ideas opositoras. En el clientelismo
político las relaciones clientelares se tejen en forma compleja y a través de
los años. Conforman una verdadera pirámide clientelar donde no sólo interesa
saber quién da las prebendas (colchones, chapas, bolsas de alimentos, cargos o
casas), sino cómo las da. Las relaciones entre patrón y cliente son personales,
de allí que las lealtades que se construyen son difíciles de destruir.
Desde los sectores de poder
se pretende que el santiagueño sea un pueblo sin memoria. Que Santiago del
Estero, la ¨madre de ciudades¨, la ciudad más antigua del país, no preserve sus
monumentos históricos, sus archivos, sus escritores, sus artistas, sus trabajadores,
sus pensadores, sus pequeños y medianos empresarios, sus niños , sus jóvenes
que emigran ante la falta de trabajo, sus ancianos sin sustento, la salud de su
población, sus hombres y mujeres en
general que son su principal riqueza.
Sin embargo el pueblo
santiagueño atesora en su memoria colectiva los recuerdos del 16 de diciembre
de 1993 como el día en que su rebeldía dormida salió a la luz y estalló ante
la injusticia, la corrupción, el ajuste, el desgobierno. Un pueblo sin memoria
es un pueblo a la deriva en el devenir de la historia. Los santiagueños y
santiagueñas queremos conservarla y recrearla para poder vislumbrar un futuro
más digno para las nuevas generaciones.
Santiago del Estero,
diciembre del 2000
Fuentes
y bibliografía
Fuentes
-
Boletín
Oficial; Leyes y decretos; Santiago del
Estero, 1990-1993.
-
El Liberal, Números varios; Santiago del Estero; 1993/1999.
-
Entrevistas a
gremialistas, políticos, curas y pobladores de Santiago del Estero.
- Fotografías
colecciones de El Liberal, Nuevo Diario y colecciones
particulares.
-
Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos; Censo 1991; otros datos citados.
-
Nuevo Diario; Números varios; Santiago del Estero; 1993/1999.
-
Videos y
filmaciones particulares.
Bibliografía
-
Aróstegui, Julio; Cambio social e
¨historización¨ de la experiencia; Inédito.
-
Auyero,
Javier; El juez, la reina y el policía. Etnografía, narrativa, y los
sentidos de la protesta; State University of New York – Stony Brook; 18 de
marzo de 2000; Inédito.
-
Auyero,
Javier; ¨Desde el punto de vista del cliente. Repensando el tropo del
clientelismo político¨, en Apuntes de investigación del CECYP; Año II,
Nº 2/3; Buenos Aires; 1998.
-
Dargoltz,
Raúl; El santiagueñazo; El Despertador; Buenos Aires; 1994.
-
Díaz
Gallardo; Santiago en llamas; Video; Santiago del Estero; 1994.
-
El estallido
social en Santiago; El Liberal;
Santiago del Estero; 1994.
-
Farinetti,
Marina; ¨Clientelismo y protesta: cuando los clientes se rebelan¨, en Apuntes
de investigación del CECYP; Año II, Nº 2/3; Buenos Aires; 1998.
-
Soldano,
Daniela; ¨La vida política de un mundo clientelar¨, en Apuntes de
investigación del CECYP; Año II, Nº 2/3; Buenos Aires; 1998.
-
Tenti de
Laitán, María Mercedes; ¨Cien años de Historia¨; en Retrato de un siglo;
El Liberal; Santiago del Estero; 1998.
-
Zurita,
Carlos Virgilio; ¨El incendio y sus vísperas¨ en Revista de Ciencia y
Tecnología; Nº 1; Santiago del Estero; 1994.
[1]
Se denominó Cordobazo a
la protesta de obreros y estudiantes de la ciudad de Córdoba en 1969 contra el gobierno militar de
Onganía, duramente reprimida por la policía, con saldo de varios muertos y que
generó manifestaciones de solidaridad en casi todas las ciudades del territorio
argentino.
[2] La
dotación de empleos públicos por contrato es uno de los métodos más empleados
en el régimen clientelar.
[3] Sector
que responde al veterano caudillo peronista Carlos Juárez, gobernador en cinco
períodos de gobierno; actual gobernador de Santiago del Estero.
[4] Posteriormente
tanto Bonacina como Ruiz se separaron del radicalismo y constituyeron sendos
partidos. Actualmente Bonacina preside el Mociso (Movimiento Cívico y Social) y
Ruiz el Frepaso santiagueño.
[5] José
Luis Zavalía fue nuevamente Intendente de la Capital tras ser
electo en 1999, luego de renunciar a su banca de
diputado nacional.
[6] La
clausura de los ferrocarriles fue un duro golpe a los pueblos surgidos a lo
largo de las vías. Sin ellos las comunicaciones eran dificultosas por los malos
caminos y muchos quedaban sin agua potable que era transportada por vagones
cisternas.